DESDE EL HUÉMAC
Daniel Rodríguez Pérez
El registro de las líneas telefónicas
La extorsión telefónica y demás delitos que se comenten mediante el uso de los dispositivos móviles, se han vuelto una constante en la vida de quienes, quizá de forma incauta, caen en la trampa que generan aquellos delincuentes que aprovechan el factor sorpresa ante sus interlocutores.
Es común saber de un familiar o alguna amistad que ha sido víctima de este tipo de actos delictivos. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del 2024, de los 7.4 millones de extorsiones de ese año, el 90% fueron mediante llamadas telefónicas; la Guardia Nacional, durante el 2023, atendió alrededor de 46 mil reportes cibernéticos, de los cuales el 80% se realizó mediante dispositivos móviles.
El 80% de estos delitos se generan mediante llamadas que tienen origen en las cárceles y, por ende, los autores son personas que purgan una condena por algún otro delito cometido. Mediante la publicación de los lineamientos para la identificación de las líneas móviles, en diciembre del 2025, se estableció la obligatoriedad para los usuarios, de llevar a cabo el registro ante la compañía correspondiente, misma que dio inicio en enero del presente año.
En medio de la desinformación y la desconfianza, venció el plazo establecido por las autoridades sin lograr la meta establecida, fueron poco menos del 50% de las líneas que se registraron. Ante este escenario, se debió ampliar el plazo, y ahora de forma escalona, para llevar a cabo el proceso de registro, de tal manera que, hasta diciembre se conocerán los resultados finales.
El temor de que los datos personales sean mal utilizados, que sean comercializados en el mercado negro, entre otros supuestos, han inhibido la realización de este proceso. De acuerdo a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, hasta agosto de este año, 69.6 millones de líneas habían sido registradas de un total de 144.5 millones, menos del 50%.
La intención de combatir, inhibir y disminuir los delitos cometidos mediante el uso de los celulares es el principal argumento de las autoridades parar llevar a cabo el registro, so pena de la suspensión del servicio. Aquí es donde entra la disyuntiva de la aplicación del marco legal debido a la afectación directa los usuarios, por un lado, por el otro, las pérdidas económicas que enfrentarían las compañías telefónicas por la suspensión de millones de líneas que eventualmente no serían registradas.
El fallido registro vehicular
En el año 1998, se pretendió implementar un programa federal para el registro nacional vehicular, RENAVE; el gobierno de la república en turno concesionó tal registro a una empresa particular, cuyo titular era originario de Argentina y en su historia personal tenía antecedentes poco decorosos. El RENAVE tenía como principal objetivo combatir el robo de autos, al final quedó como mero intento para elaborar un padrón nacional único de los vehículos automotores en nuestro país