DESDE EL HUÉMAC
Daniel Rodríguez Pérez
Los protocolos, rebasados.
Dos maestras iniciaron su jornada laboral en el mismo centro educativo, como habitualmente lo hacían, intentando contribuir con el desarrollo académico de la comunidad escolar de un bachillerato ubicado en el estado de Michoacán.
La dinámica habitual se vio alterado por el estruendo de una ráfaga provocada por el accionar de un arma de grueso calibre, de uso exclusivo de las fuerzas armadas, un arma que no es fácil de obtener; momentos de caos, de gritos implorando auxilio, de zozobra; el miedo se apoderó de quienes se encontraban en la sede de este plantel.
A continuación, el terror de ver dos cuerpos inertes y la amenaza latente de sufrir la misma suerte se apoderaron de la comunidad escolar; las llamadas, al número de emergencia, lograron que las fuerzas de seguridad se hicieran presentes para detener al presunto responsable que, en días previos, había dado señales de alerta sobre sus intenciones.
Esta breve descripción, da cuenta de un acontecimiento sanguinario que evidencia la condición endeble que prevalece en la inmensa mayoría de las escuelas del territorio nacional; no, no es un hecho aislado, los actos de violencia al interior y en la periferia de los planteles educativos se ha recrudecido en las fechas recientes.
Sin duda, los procedimientos, acciones y reglas estandarizadas que están establecidas para prevenir, gestionar y responder la violencia escolar, entre otros aspectos que puede padecer cualquier comunidad escolar, es decir, los protocolos escolares, se encuentran rebasados y obsoletos.
Es evidente que ya no obedecen a una realidad que cada vez es más violenta, por lo que, las secretarías de educación, de salud, de seguridad, por mencionar algunas, deben trabajar horas extras para lograr revertir el escenario actual mediante mecanismos interinstitucionales y la actualización de los protocolos escolares.
Valdría la pena invertir en el uso de la tecnología en todas las escuelas para que la instalación de cámaras de video vigilancia contribuyan al cuidado del alumnado; también, que se dote de atención psicológica, mediante la permanente presencia de servicios profesionales para los casos que así lo requieran; que se retome el trabajo coordinado entre las instituciones de seguridad, los directivos y padres de familia para llevar a cabo acciones de revisión en los planteles que se tienen identificados con problemáticas severas.
La tranquilidad de los padres de familia y tutores debe ser acompañada de las aplicaciones en los dispositivos móviles que notifican sobre el ingreso y la retirada del alumnado de la escuela. Es imperativo destinar recursos públicos para contrarrestar y aminorar los actos violentos que, a últimas fechas, se han presentado.
El papel de las familias.
“Los padres, madres o tutores son corresponsables en el proceso educativo de los menores de 18 años, obligándolos a asegurar la asistencia a clases, apoyar el aprendizaje y revisar el progreso de sus hijos…supervisar desempeño, conducta y formación de hábitos”.
La Ley General de educación, es contundente en su artículo 78, por lo que, desde el hogar, se debe contribuir a la formación integral del alumnado. Vendría bien, a la sociedad, que la totalidad de las familias hagan valer sus responsabilidades.
Los acontecimientos, lo exigen.