DESDE EL HUÉMAC
Daniel Rodríguez Pérez
Crímenes de lesa humanidad
Durante la dictadura perfecta, término acuñado por Mario Vargas Llosa, un sello distintivo fue la desaparición forzada de quienes osaban levantar la voz en contra de los excesos que se cometieron durante aquel régimen, la guerra sucia marcó uno de los capítulos más oscuros de la historia contemporánea nacional, al día de hoy, muchos lideres sociales y comunitarios siguen sin aparecer.
Como tal episodio se pueden enumerar varios, aunque el más emblemático y doloroso es la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos; han transcurrido dos sexenios, y parte del actual, sin que se tenga la certeza del destino de aquellos seres humanos.
Cada día parece más lejana la posibilidad de brindar justicia a las familias de los normalistas.
Recientemente, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, externó su preocupación por el escenario que tiene México en el tema de los derechos humanos, específicamente sobre las desapariciones forzadas, aspecto que puede llegar a ser calificado como crímenes de lesa humanidad; el pronunciamiento, del CED, puede llevar el tema a la Asamblea General de la ONU.
Ni tardos ni perezosos, varios personajes afines al actual gobierno de la República, descalificaron aquel señalamiento, nada raro del actual régimen. Llama la atención que la CNDH se haya sumado a esta serie de negaciones, en lugar de mostrar solidaridad hacia las víctimas.
Aunque los hechos hablan de la conformación de asociaciones civiles, las madres buscadoras por ejemplo, a quienes se les ha negado la oportunidad de dialogar directamente con la jefa del Ejecutivo nacional, a pesar de las peticiones hechas, mismas que realizan esfuerzos cotidianos y de norte a sur del territorio nacional, para intentar localizar a sus desaparecidos; la esperanza de rescatar los restos de un hijo, de una hija, de un hermano, de un esposo, que tiene años, quizá lustros, que salió de casa para no regresar.
Las llamadas anónimas, son muchas veces la fuente de información que brinda indicios sobre posibles fosas clandestinas; en muchos casos, los datos arrojan resultados escalofriantes ante el hallazgo de cadáveres apilados, en otros, las amenazas detienen las jornadas de búsqueda.
Los números son contundentes, de acuerdo al registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas de la comisión nacional de búsqueda son 132,534 seres humanos desaparecidos en nuestro país.
El tema no es exclusivo del gobierno federal en turno, cuando menos en tres o cuatro sexenios anteriores han evidenciado la crisis de desapariciones con miles y miles de casos sin aclarar.
Parece que la displicencia del Estado mexicano, que debería de encabezar y coordinar los esfuerzos, para revertir este escenario, es notorio conforme las estadísticas se hacen más abultadas.
Un procesado
En medio de las contradicciones del actual régimen, un ex secretario de seguridad estatal se encuentra sujeto a un proceso legal por la posible comisión de varios delitos, entre ellos, justamente, uno se refiere a desaparición forzada.